Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- Regularizar las empresas de seguridad privada en Yucatán, brindar mayor protección a las personas con discapacidad y fortalecer el valor de máxima publicidad en las convocatorias del Congreso del Estado son los principales objetivos de tres iniciativas presentadas por tres fuerzas políticas que convergen en la actual Legislatura.
Con respecto a las iniciativas, la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI) presentó la primera a nombre de su fracción parlamentaria para reformar la Ley para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada con el fin de tener una base de datos actualizada de las empresas que se dedican a este giro, con formas y plazos para regularizarse, así como la obligación de estar capacitados y aprobar los exámenes de confianza.
“Tiene el objetivo de trasladar las facultades que hoy tiene la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública y propone también que estos negocios de vigilancia que actualmente no están formalizadas pero prestan el servicio, tendrán un plazo de 90 días naturales para solicitar su registro y deberán inscribir al menos 20 elementos que deberán aprobar los controles de confianza necesarios”, explicó.
David Barrera Zavala (PRD) propuso modificar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que las convocatorias para elegir al titular u otros miembros de estos organismos sean publicados en los portales de internet de los mismos y de la misma forma en la página de internet del Congreso estatal y cuando menos en tres periódicos de circulación local.
Por su parte, lías Lixa Abimerhi (PAN) propuso reformas a varias leyes del estado en favor del respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad como el Código Penal para tipificar como delito cualquier tipo de maltrato a este sector, la Ley de Obra Pública para donar uno de cada 10 pesos para que se invierta en construir áreas en espacios públicos destinados a facilitar la movilidad de estos ciudadanos.
“De la misma manera en materia de deporte para la adecuación de espacios públicos para personas con discapacidad y para impulsar sus actividades en el tema, al igual que sancionar a los individuos que ocupen las áreas destinadas a este sector, como de estacionamiento, con multas de hasta más de 6 mil pesos sin derecho a descuento en su pago”, abundó.
