Redacción / De Peso
CHETUMAL.- Víctimas de abuso sexual infantil pocas veces ven llegar la justicia ya que por «falta de pruebas» sus agresores viven en la impunidad.
En la entidad, sólo una de cada 10 menores víctimas de abuso sexual logró que la justicia alcance a sus agresores. La mayoría lleva años esperando a que sus juicios se resuelvan.
El reporte de la “Asociación Alumbra, Una Luz contra la violencia sexual infantil”, revela que de enero de 2020 a septiembre de 2021, fueron vinculados a proceso por abusar sexualmente de menores de edad 173 sujetos. La mayoría de ellos tenía relación de parentesco con la víctima.
Durante ese mismo período se recibieron mil 801 denuncias por abuso sexual en contra de niñas y adolescentes, lo que significa que menos de 10% de los casos el juez declaró que existen pruebas e indicios suficientes para que el acusado enfrente un juicio penal.
La información se basa en investigaciones y cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), reportes de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de organizaciones civiles locales protectoras de los derechos de la mujer y de los infantes.
“Al menos la mitad de las víctimas que presenta una denuncia, elige desistir cuando pasan más de seis meses sin que note avances en el proceso, o simplemente porque al ser menores de edad no soportan la presión que provocan los estudios o pruebas físicas y psicológicas que realizan las autoridades para determinar si hubo o no agresión sexual”.
Pocas denuncias por abuso sexual
A esto se suma que solo una de cada cinco de este tipo de delitos son denunciados, principalmente en los casos donde se encuentra involucrada una menor, ya que no señalan a su agresor por temor a que no crean en su palabra, por lo que la Asociación estima que fueron más de seis mil las agresiones que sucedieron en Quintana Roo en el último año.
Para las víctimas que deciden llegar hasta las últimas consecuencias para que sus agresores paguen con cárcel, el tiempo promedio en que se resuelve este tipo de juicios es de 22 meses, según el reporte, aunque se añadió que se ha logrado avanzar en este tema en los últimos cinco años, pues en 2015 estos procesos tardaban hasta 47 meses en resolverse.
“Definitivamente necesitamos más avances en la atención de este problema”, dice Yunitzilim Rodríguez Peraza, abogada e integrante de la Red Feminista de Quintana Roo: “desde mayores garantías para que las víctimas no desistan de continuar con el proceso judicial, hasta la necesidad de que los culpables paguen con cárcel y no gocen de impunidad”.
Declaró que la percepción ciudadana sobre los resultados de la Fiscalía también influye en la decisión de las víctimas de no denunciar a sus agresores, ya que si la población se entera por los medios de comunicación de la enorme cantidad de ataques sexuales contra niñas, pero pocos culpables que fueron vinculados a proceso, al final llega a pensar que de nada sirve iniciar un proceso judicial que sólo será vergonzoso para la familia.
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