Agencias/De Peso
Cancún.- Habitantes del fraccionamiento Residencial Alejandría exigieron a las autoridades estatales y del municipio de Benito Juárez que les permitan colocar un acceso controlado, ante el incremento de la delincuencia que afecta a 700 familias.
Glendy Leticia Ramírez Tec, representante vocal del Comité de Vecinos del fraccionamiento Residencial Alejandría, comentó que, hasta hace un año y medio, los vecinos tenían una malla sobre la avenida Centenario que los separaba de la colonia irregular La Unión, la cual fue derribada por Promotora Residencial para la construcción de otra zona residencial.
A partir de ese momento, se desataron asaltos a una tienda de conveniencia y robos con violencia. A ello se suma que en el rumbo se han localizado el cuerpo sin vida de tres mujeres, señaló.
Por ello, el 11 de septiembre los vecinos del fraccionamiento presentaron un escrito dirigido a distintas instancias del gobierno municipal para solicitar el permiso para colocar un acceso controlado. La respuesta llegó cuatro días después por conducto de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano donde les solicitó una serie de requisitos establecidos en el Reglamento de Construcción municipal.
Ramírez Tec refirió que, pese a que cumplen con la mayoría de los requisitos, no pudo prosperar la petición, porque la empresa no les dio los planos, “ya que no contaban con esos documentos, porque era un proyecto muy antiguo”. Incluso señaló que Ángel Prado, director comercial de Promotora Residencial, negó la responsabilidad de la empresa, con el argumento de que ahora le incumbe al gobierno municipal.
Ante ello, dijo que los vecinos y el gobierno municipal no pueden avanzar en el tema de la autorización para colocar un acceso controlado o reinstalar la malla, por lo que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para interponer una queja, la cual fue aceptada con el número de expediente VG/BJ/379/10/2020.
En ella, Urit Yarazed Barrón Hernández, visitadora adjunta, reconoció la validez de la queja e inició del proceso de conciliación con el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano municipal, Armando Lara Denigris, a quien señalan de negar el permiso pero no por escrito.
Envían escrito a Carlos Joaquín y les piden contratar a la Policía Auxiliar
Ramírez Tec informó que también enviaron un escrito el pasado 9 de noviembre al gobernador Carlos Joaquín González para que tome cartas en el asunto.
En la misiva señalaron que Issac Janix Alanís, entonces secretario general del Ayuntamiento, les pidió contratar los servicios de la Policía Auxiliar, opción que está fuera de las posibilidades económicas de los habitantes del fraccionamiento.
“Ya hay mucho enojo y desesperación. Pagamos por una casa, pagamos nuestros impuestos, pero no tenemos el derecho de poder controlar nuestra seguridad”, finalizó.
