El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) notificó a 15 taxistas de Cancún el inicio de procedimientos administrativos para revocarles las concesiones, tras los bloqueos a la zona hotelera.
La acción deriva de una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), después de verificar y ubicar los números económicos de 14 taxis y una combi, durante los hechos ocurridos el pasado 23 de enero.
La petición se hizo a través de un oficio, correspondiente a la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1586/2022, dirigido a la delegación del Imoveqroo en el municipio de Benito Juárez, a cargo de Manuel Jesús Puerto Castillo, familiar de Eika Castillo Acosta, hija del exlíder del sindicato de taxistas, Erik Castillo, para que inicie las gestiones para la revocación y/o suspensión de las concesiones.
“(Se) identificaron a las unidades responsables de este bloqueo: 5234, 3148, 3315, 3766, 2499, 4928, 2454, 1616, 3651, 6544, 5469, 2029, 1550, 1787 y la combi 1386, pertenecientes a dicho sindicato, motivo por el cual se pide iniciar las gestiones para la revocación y/o suspensión de las concesiones”, señala el documento.
Pese al proceso, unidades continúan operando
Al respecto, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Imoveqroo, confirmó el inicio de los procedimientos pero mientras tanto estas unidades continúan operando.
“En cuantos ellos (la FGE) condenen y en la última instancia podremos concluir el trámite de revocación”, dijo vía Whatsapp.
En el oficio, de la Fiscalía, que tiene fecha de recibido el 24 de enero de 2023 por la instancia que vigila el transporte con concesión estatal, se narra que el pasado 23 de enero de 2023, aproximadamente desde la una hasta las dos de la tarde, un grupo de taxistas pertenecientes al sindicato “Andrés Quintana Roo” realizaron un bloqueo en la zona hotelera.
Por ello, la FGE abrió la carpeta de investigación por el delito de “ataque a las vías de comunicación y a los medios de transporte”, que obligó a miles de trabajadores y turistas recorrer a pie el boulevard Kukulkán para dirigirse a sus destinos.
Los actos emprendidos por taxistas, que incluyeron ataques directos a conductores particulares, son en respuesta al amparo concedido el 11 de enero pasado por un juzgado federal que permite a Uber operar sin necesidad de una concesión pública.
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