Ericl Galindo/De Peso
CANCÚN, Q. Roo.- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que a partir de ayer las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen la facultad para formular una demanda mediante la cual se ejercitará la acción de extinción de dominio, para que los inmuebles asegurados de origen, uso o procedencia ilícita, relacionados con carpetas de investigación y estén en abandono, pasen a manos del gobierno federal; en Cancún la delegación de la PGR tiene bajo su resguardo siete domicilios relacionados con la delincuencia organizada, del 2017 a la fecha.
Si los domicilios asegurados cayeran en estado de abandono, las autoridades federales podrían iniciar un procedimiento de extinción de dominio para adjudicárselos.
Las unidades administrativas de la PGR podrán darle autorización al Ministerio Público de la Federación (MPF) para que formule la demanda correspondiente.
En caso de que exista una oposición por aparte del titular del inmueble, la unidad administrativa deberá de remitir una copia certificada de la carpeta de investigación a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada o Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en caso que proceda la demanda se ejerza la extinción de dominio.
Algunos de los inmuebles asegurados por la delegación de la PGR son el de la supermanzana 57, en Residencial América, asegurado en junio pasado, cuando detuvieron a varios sujetos relacionados con un grupo delictivo.
Otros de los bienes incautados es el de la calle Alcatraces, en la supermanzana 50, en julio pasado; otro está en la 311, sobre la avenida Huayacán, y fue asegurado en abril pasado.
Los más recientes son el Bar Canta Canta, ubicado en la avenida Yaxchilán, en el cual aseguraron droga y detuvieron a dos personas; también un predio en la 201, en el fraccionamiento Los Héroes, donde detuvieron a cuatro personas y decomisaron droga.
Algunas de las causas donde no procede la acción de extinción de dominio son cuando se está investigando un delito relacionado con secuestro, si una autoridad judicial (juzgado) decreta, en su sentencia, el decomiso de los bienes, o cuando no se acredite el hecho delictuoso.
