Alrededor de tres mil familias en Playa del Carmen se encuentran en riesgo de ser desalojadas de sus viviendas, debido al incumplimiento del pago de los créditos hipotecarios con los que adquirieron los inmuebles.
Aunque hasta el cierre de 2024, aproximadamente 60 lanzamientos se han ejecutado tras el cumplimiento de sentencias de juicios hipotecarios, un 33% menos que el año pasado, la problemática continúa en esta ciudad.
El 2024 se perfila para cerrar con una disminución de hasta el 30% de desalojos de familias en Playa del Carmen por falta de pago de créditos hipotecarios ante instituciones bancarias, tiempo en el que se han consumado alrededor de 60 lanzamientos a la calle derivado de estas controversias mercantiles.
Marcos Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil Vecinos Unidos, informó que todavía el año pasado fueron más de 100 desalojos ejecutados por autoridades judiciales tras demandas iniciadas por instituciones crediticias. Para 2025 se prevé un panorama de mayor riesgo para las familias.
“Fueron unas 60 viviendas, aunque más de tres mil tienen (…) problemas hipotecarios (…) estos están en riesgo de perderla porque todo lo que ha dicho el gobierno federal de que no se iba a sacar a nadie, la realidad es otra”, dijo López Díaz.
Esta organización desde hace más de cinco años acompaña jurídicamente a las familias, vigila principalmente la legalidad de la ejecución de los desalojos porque han ocurrido casos en los que se realizan sin la presencia de algún actuario del Poder Judicial de Quintana Roo.
López Díaz dio a conocer que muchas familias justifican la omisión de pago pues las viviendas resultan con fisuras y otros desperfectos estructurales; no obstante, las demandas de requerimiento de pago proceden, pese a las malas condiciones que ya registran los inmuebles.
Dijo que los desalojos habían sido comunes en fraccionamientos con casi dos décadas de antigüedad; aunque en fechas recientes ya se han empezado a observar casos en Villas del Sol, de reciente creación.
Estas acciones legales las inician los bancos, principales acreedores, mediante juicios hipotecarios que se tramitan en juzgados civiles y mercantiles.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también hace uso de estos mecanismos legales para recuperar cartera vencida, se ha podido verificar en estrados judiciales.
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