Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- Jueces de control del Poder Judicial han recriminado a la Fiscalía General del Estado la falta de atención a mujeres víctimas de violencia, pues al no tomar la medidas de seguridad propiciaron el asesinato de una de ellas y en otro caso la víctima estuvo a punto de otorgar el perdón a su novio, a lo que los fiscales estaban de acuerdo, pero la juez la hizo recapacitar explicándole el alcance que tendría su decisión.
En octubre del año pasado, luego de varios intentos, Angel Osvaldo Castro Pool, quien es un sujeto agresivo, logró que le fuera suspendido el procedimiento por violencia familiar y recobró su libertad, pero está a prueba un año y si no cumple se reiniciará el caso en su contra.
Este sujeto ha agredido a su novia en dos ocasiones: la primera fue la que originó el proceso en su contra, pero en esa ocasión tenía colocado el brazalete electrónico y aprovechó esa situación para volver a atacar a la mujer y, entonces, se le decretó la prisión preventiva.
La juez primero de control, Suemy Lizama Sánchez, decidió otorgar la suspensión del procedimiento a Angel Osvaldo Castro Pool en base a los dictámenes que psicólogos del acusado y de la víctima presentaron ante este tribunal.
Esta historia de violencia inició el 28 de mayo de 2016, aproximadamente a las 22:30 horas. La pareja estaba en un predio del fraccionamiento Jardines del Norte, cuando el sujeto la agredió a golpes, ocasionándole lesiones que en su momento tardaron en sanar más de 15 días.
El individuo fue detenido y presentado ante el Juzgado Primero de Control de Mérida que lo vinculó a proceso por violencia familiar y como medida cautelar le ordenó el uso del localizador electrónico y no acercarse a la víctima a una distancia de 30 metros, pues los dos asistían a la misma escuela.
Sin embargo, Angel Osvaldo incumplió con esos requisitos en julio pasado, cuando volvió a agredir de nueva cuenta a la ahora víctima J.N.D.L.C.G., quien presentó otra denuncia por violencia familiar.
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En esta ocasión la juez Suemy del Rosario Lizama Sánchez modificó las medida cautelares y decretó la prisión preventiva al acusado.
Posteriormente, la defensa del acusado entabló pláticas con la víctima para que ésta le otorgara el perdón a su defendido, por lo que pidió audiencia ante la juez Lizama Sánchez.
Ante esta solicitud, la juez solicitó que una psicóloga del Centro de Justicia para las Mujeres le realice una valoración psicológica a la víctima para determinar si estaba en condiciones de dar el perdón y citó a las partes a audiencia.
En aquella audiencia, la psicóloga manifestó que la víctima estaba todavía afectada psicológicamente y a pesar de que las partes habían llegado a un acuerdo, la autoridad judicial se negó al perdón solicitado, ya que este perdón extinguía la acción penal argumentando que esta decisión era para salvaguardar la integridad de la víctima, así como los derechos de ésta y ordenó que el imputado sea valorado psicológicamente.
Posteriormente, el defensor solicitó la audiencia para la suspensión condicional del proceso, sin embargo la juez se negó debido a que todavía no le habían dado los informes psicológicos del imputado.
La psicóloga de la víctima manifestó que ella sigue en terapia, pero que ya estaba en condiciones de comprender el alcance de las acciones así como las consecuencias.
Por su parte, el psicólogo del imputado manifestó que presenta signos de agresividad, pero que se debía por estar bajo la medida cautelar de prisión preventiva y que no presentó agresividad por violencia de género.
La juez accedió a la suspensión condicional del proceso en la que el imputado se comprometió a un tratamiento terapéutico en una institución pública, que no se acercara a la víctima en un radio de 500 metros, ni a su centro laboral, ni su domicilio, ni al lugar donde ella estudia.
