Redacción/De Peso
CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades ministeriales tienen conocimiento de que el sistema de préstamos ‘gota a gota’ lo operan colombianos, pero hasta el momento ninguna persona víctima de ellos ha interpuesto alguna denuncia por el delito de usura, el cual de acuerdo con el Código Penal del Estado se impone de seis meses a tres años de prisión a quien lo cometa. Los sudamericanos podrían ser una célula o grupo de algún cártel colombiano.
En diciembre pasado apareció ejecutado un colombiano, cuyo cuerpo decapitado fue dejado sobre la avenida Nichupté, a la altura del cárcamo de agua, frente a la clínica del IMSS, otros tres ciudadanos colombianos fueron reportados como desaparecidos, entre ellos la novia del occiso.
Las investigaciones de las autoridades ministeriales apuntan a una venganza entre grupos delictivos por el control de la plaza.
El sudamericano pertenecía al grupo de colombianos que se dedica a la usura, es decir, a prestar dinero mediante un sistema al que le llaman ‘gota a gota’.
De acuerdo con el Código Penal del Estado en el artículo 157, señala que se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de diez a 500 salarios mínimos de multa, al que aprovechándose de la necesidad de otro, le haga préstamos en el que se estipulen intereses superiores a los usuales en el mercado.
La Vice Fiscalía de la Zona Norte hasta la fecha no ha recibido ninguna denuncia por personas que hayan sido víctimas de este grupo de usureros.
Las autoridades ministeriales señalaron que para investigar a estas personas es necesario que la gente interponga una querella, de lo contrario no pueden hacer nada.
También señalaron que podrían estar ante un ilícito de delincuencia organizada, ya que este tipo de préstamos lo operan los colombianos en Cancún y otras ciudades del país.
Las autoridades locales mencionaron que este grupo de extranjeros podría ser una célula de algún cártel colombiano.
De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, en 2017 ingresaron por el aeropuerto internacional de Cancún 188 mil 805 colombianos y 287 por la terminal aérea de Cozumel, de manera legal.
La misma dependencia federal señaló que ese mismo año se deportaron 511 colombianos por no acreditar su estancia legal en el país.
