Redacción/De Peso
Cancún, Q. Roo.- Una fuerte movilización de policías de Seguridad Pública hubo ayer por la mañana por un intento de desalojo en la supermanzana 215, debido a una demanda interpuesta por una hipotecaria.
Cerca de las 10:30 horas, sobre la calle Narciso de Mendoza, al menos seis patrullas de la Policía Quintana Roo llegaron con la actuaria del Poder Judicial, Ana Lucia Rivera Romero, para ejecutar una orden de desalojo por parte de un banco, en la casa 6 de la manzana 5 del fraccionamiento paseos Kabah, en la calle Nicolas Bravo.
Por tal situación, los vecinos salieron de sus casas para apoyar a la familia que iban a sacar de su vivienda, por unos momentos los ánimos se calentaron debido a que la actuaria pedía el arresto de los que impedían se lleve a cabo la orden de desalojo.
Los propietarios del inmueble mencionaron que ellos continuaron pagando a la financiera que se declaró en bancarrota y el banco no quiere reconocer esos pagos, al no poder ejercer la orden la actuaria se retiró del lugar amenazando con regresar.
A inicios de marzo, la actual administración del Ayuntamiento de Benito Juárez descubrió una red conformada por funcionarios públicos que despojaron de sus viviendas de interés social a cientos de ciudadanos con procedimientos irregulares.
Mediante redes sociales, la Presidente Municipal de Benito Juárez, Hermelinda Mara Lezama informó sobre la desarticulación de una posible red de corrupción de anteriores administraciones dedicada al despojo de viviendas en Cancún.
“Nuestra prioridad es que las familias recuperen su patrimonio y que quienes se sientan que pudieron ser víctimas de este modus operandi se sumen a las denuncias”, declaró Mara Lezama.
Esto fue gracias a una denuncia ciudadana y a una persona que solicitó el apoyo de la contraloría del Ayuntamiento, se detectó que en la administración de ingresos coordinados había un modus operandi que despojó de viviendas a familias mediante trucos, engaños, falsedades y amenazas.
Mara Lezama declaró que con investigaciones y un arduo trabajo, integraron un expediente con evidencia suficiente que permitió ubicar la relación de los posibles involucrados de la red de corrupción para detener estos hechos y para separarlos de sus cargos.
