Agencias
Quintana Roo es la sexta entidad del país donde más carpetas de investigación se han abierto por aborto, en lo que va del año, por el delito de “atentar contra la vida y la integridad corporal”, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General del Estado.
De enero a julio de este año, 14 mujeres quintanarroenses fueron denunciadas ante la FGE por abortar. En Yucatán y Campeche se registraron “de manera oficial” 24 abortos, pero ninguna mujer fue acusada ante las autoridades.
Sólo superan a Quintana Roo, Querétaro, con 15 denuncias por ese delito; Guanajuato, con 17; Tamaulipas, con 20; Nuevo León, con 57; la Ciudad de México, con 52; y el Estado de México, con 90.
En otras 14 entidades se abrieron entre una y siete carpetas de investigación.
Destaca que de las 14 denuncias que ocurrieron en Quintana Roo, 11 fueron presentadas por la familia de sus parejas, ya que consideraron que la mujer no debió tomar la decisión de terminar con la vida del bebé.
La mayoría de las acusadas eran jóvenes de entre 15 a 20 años, aún eran estudiantes y no tenían compromiso matrimonial. Ocho demostraron sufrir violencia por parte de sus parejas, lo que las llevó a tomar esta decisión.
El 70 por ciento de ellas eran de escasos recursos, y el método más utilizado para abortar fue desde sobredosis de pastillas hasta golpearse de manera intencional el vientre.
“Quintana Roo continúa a la cabeza de las entidades donde más mujeres recurren al aborto, pero siguen siendo criminalizadas. Por eso presenté una reforma para que se adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Constitución estatal, los Códigos Penal y Civil y de la Ley Estatal de Salud, para que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, mencionó la legisladora local Ana Pamplona.
Además de su propuesta, existen otras cuatro iniciativas “congeladas en el Congreso local para despenalizar el aborto y con ello eliminar su criminalización.
Ninguna ha sido analizada en Comisiones, a pesar de que fueron presentadas desde hace siete años.
En tanto, otras 65 mujeres tuvieron que viajar hasta la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, ya que en ese lugar no es considerado un delito.
