Luis Hernández/De Peso
CANCÚN, Q. Roo.- Ni una más dijeron los del Gobierno Federal a las autoridades estatales, luego de que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Quintana Roo, derivado de las múltiples muertes de féminas registradas en el último año.
Ayer la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la AVGM para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, donde se ha dado el mayor número de muertes de mujeres en circunstancias de violencia e incluso algunas ligadas a la delincuencia organizada.
Lo anterior se determinó al considerar el contexto y las circunstancias, que se corroboraron durante un minucioso proceso de análisis hecho por el Grupo de Trabajo coordinado por la Conavim, llevado a cabo en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se explicó que las medidas de Alerta de Género fueron aceptadas en su momento por el mero ‘picudo’ del Poder Ejecutivo del Estado; sin embargo, el Grupo de Trabajo concluyó que durante un plazo de seis meses previsto por el artículo 38 del reglamento antes citado, no se contó con elementos suficientes para determinar que se le haya dado cumplimiento en su totalidad.
Por ello, ahora las autoridades deberán ponerse las pilas y la autoridad estatal deberá coordinar acciones contundentes que permitan dar continuidad a la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las féminas.
Se chismeó que el Estado deberá chambear agarradito de la mano con autoridades de los tres municipios en cuestión, para elaborar un estudio sobre factores de riesgo de la violencia contra mujeres y elaborar una estrategia de prevención y recuperación del espacio para las damiselas.
También se deberá coordinar un programa de atención a mujeres víctimas de violencia y contar con protocolos de actuación, así como también tener un grupo de capacitación en materia de prevención; pero eso no es todo, pues el Estado y los municipios deberán asegurar la operación del Centro de Justicia para Mujeres.
Para concluir, se dijo que las autoridades tendrán que fortalecer y publicar todos los protocolos que se tengan en investigación para juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidios y delitos sexuales.
