El Boffas/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- Increíble, pero cierto. ¿Sabían ustedes que los actuales alcaldes de los 106 municipios de Yucatán enfrentan juicios laborales? En otras palabras, tienen la carga de los despidos presuntamente injustificados de empleados, tanto de su gestión, como de anteriores concejales y que, por supuesto, no han saldado o, cuando mucho, una pizca, una miseria.
Pero también es oportuno indicar que la deuda, en sí, no corresponde al edil como persona física, para efectos hacendarios, sino para la administración en términos de “persona moral”; luego, entonces, valen mother los esfuerzos que las autoridades hagan y el tiempo que inviertan y pierdan los afectados, pues está claro que le podrán recordar mil veces su progenitora al presidente municipal en funciones, con licencia o hasta al interino, y no van a pagar.
Por el momento, de acuerdo al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y a su presidente, César Antuña Aguilar, las leyes electorales y hasta constitucionales no impiden que algún desvergonzado alcalde quiera repetir en el encargo (ya sabe por dónde está el billete, los “moches” y demás linduras) o busque explorar otras minas como diputado estatal o federal, senaduría, incluso la gubernatura si ésta fuera su ambición más preciada.
De acuerdo con reportes de la misma dependencia, hay vigentes 3 mil 600 juicios que abarcan los 106 municipios de Yucatán, casi todos por despidos injustificados, o sea, el clásico “jódete y hazle cómo quieras”; la cantidad a pagar por las administraciones son millonarias. Quién sabe: 50, 100, 200 millones de pesos en su conjunto, lo suficiente para costear una elección de, precisamente, el mismo edil que quiere salir a buscar un nuevo y jugoso “hueso” porque nadie se cree lo de los topes de gastos electorales como, por ejemplo, 69 millones de varos para los suspirantes a Gobernador. ¡No hagan reír que el estomaguito está malito!
Como quien dice, el primer edil en funciones puede solicitar licencia para separarse de su encargo; bueno, no necesariamente, los que quieran reelegirse como como el de Umán, Freddy Ruz, considerado un “mecenas” en su población, pero con buenos antecedentes de eludir los laudos contraídos por sus antecesores, y así por el estilo. Por lo menos hay 12 ediles que buscan ser reelectos, claro, según ellos, “para seguir sirviendo a los ciudadanos”. No por otra cosa muy distinta. Impoooosible pensar maquiavélicamente.
Muy bien. Entonces, el desmadrito seguirá su curso. Potencialmente se puede reelegir el alcalde y, de ganar, el pleito continuará. Los afectados seguirán igual de afectados; el Tribunal podrá recurrir al embargo y hasta para ello parece que le tiembla la mano. Ajá, claro, dos que tres muebles podridos; computadoras del año del caldo (de cuando Fidel Velázquez enviaba WhatsApp al PRI-nosaurio Rex y éste le contestaba que seguiría vivo por miles de millones de años) y retenciones de partidas presupuestales. Esto último, lo único que provoca, es que el edil en turno se justifique y no pague siquiera a su personal activo.
Tan simple como sencillo: a nivel federal, para aplicarse al “hueech” en el ámbito estatal, es que las leyes electorales se adecúen, al mismo tiempo que las constitucionales, para impedir que los alcaldes quieran seguir haciendo de las suyas y desde el principio sepan, los elegidos por el voto, que deberán saldar lo que sus antecesores no lograron o no quisieron. A fuerza. El único requisito para tener el “palomazo” de sus partidos políticos y los ordenamientos legales es que hayan liquidado las deudas laborales y que todos los demandantes estén satisfechos lo máximo posible.
De lo contrario, no tener posibilidades de nada electoral por lo menos 15 años y, en cambio, ser procesados por la vía ministerial, sobre todo si el fuero, al menos en Yucatán, ya no existe -en teoría- para la protección de los abusivos ediles (hombres o mujeres) que se pasan todo por el “arco del triunfo”.
En resumidas cuentas: o pagan los laudos laborales o se van al carajo.
El asunto es si las autoridades electorales y las federales (o sea, desde la Presidencia de la República) acabarán con la impunidad de los pillines. Por lo visto, ¡les vales madres! Entonces la sugerencia colectiva –aparte de la personal- es no votar por ellos. La diarrea les durará años.
Amiguitas y amiguitos, ya saben: sugerencias para que los alcaldes paguen o se zurren, enviarlas a [email protected] y/o [email protected]; facebook: Luis Antonio Boffil Gómez
