El ‘suicida’ oficio de periodista

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Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- De 2010 a la fecha, al menos 44 mujeres periodistas o integrantes de organizaciones civiles han sido asesinadas en todo el país, contando el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez, quien fue ejecutada el pasado miércoles en su domicilio en Tamaulipas, señala La Jornada en un análisis de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Según el estudio de dicha organización, Chihuahua es uno de los estados en donde han ocurrido más agresiones en contra de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, pues ahí fueron ejecutadas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas, todas ellas en 2010, así como Miroslava Breach Velducea, corresponsal de esa casa editorial en ese estado, en este año.

En esa misma entidad fueron privadas de la vida Susana Chávez, en 2011, y Manuela Martha Solís Contreras, en 2012.

Otro de los estados en donde activistas y comunicadoras han sido asesinadas de forma sistemática es Guerrero, donde perdieron la vida María Elvira Hernández Galeana (2010), Isabel Ayala Nava (2011), Reyna Ayala Nava (2011), Juventina Villa Mojica (2012), Fabiola Osorio Bernáldez (2012), Rocío Mesino (2013), Ana Lilia Gatica (2013) y Norma Angélica Bruno Román (2015).

De igual forma, se han registrado otros asesinatos en el estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México.

Entre los casos que en su momento recibieron mayor eco en los medios informativos se encuentra el de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue ejecutada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010 justo frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde se había instalado en un plantón para exigir que las autoridades reaprehendieran al asesino de su hija Rubí Frayre.

Fue la propia Escobedo quien señaló a la pareja de Rubí, Sergio Barraza, como el presunto asesino de la menor.

Además de ello, lo ubicó en Zacatecas con sus propios medios y orilló a las autoridades a detenerlo. Aunque el hombre confesó ser el autor del feminicidio e incluso señaló el lugar donde había enterrado los restos de su ex pareja, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo dejaron en libertad.

Otro episodio que tuvo amplia difusión mediática es el de Sandra Luz Hernández, quien el 12 de mayo de 2014 fue asesinada por una persona que le disparó 15 veces y luego escapó, todo ello a plena luz del día en el centro de la ciudad de Culiacán.

Durante dos años, Hernández había buscado a su hijo Édgar Guadalupe García, joven que trabajaba en el despacho del entonces procurador del estado Marco Antonio Higuera, y quien al parecer fue secuestrado por el cártel de Sinaloa.

Al igual que en el caso de Marisela Escobedo, aunque el autor material del asesinato confesó haber cometido el crimen e incluso señaló con qué arma lo había realizado y a bordo de qué vehículo, un juez ordenó ponerlo en libertad por falta de pruebas.

Un caso más de activistas o comunicadoras asesinadas es el de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de esta casa editorial.

El pasado 23 de marzo un sujeto la mató de varios tiros cuando salía de su casa para dejar a su hijo en la escuela.

Breach se había distinguido por realizar trabajos periodísticos en los que denunciaba la presencia del crimen organizado en amplias regiones de Chihuahua –en particular en la sierra Tarahumara– y la colusión de dichos grupos delictivos con políticos de diversos partidos.

La también columnista del diario Norte, de Ciudad Juárez, estaba elaborando un reportaje sobre la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios del estado, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico.

Agresiones en Guerrero

Siete periodistas de medios locales, nacionales e internacionales fueron interceptados el sábado pasado en un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de este municipio, en la zona norte de Guerrero, por unos 100 civiles armados y encapuchados, que los despojaron de sus equipos de trabajo y pertenencias.

Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador de esta casa editorial; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Angel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra, fueron retenidos por espacio de 15 minutos por sujetos visiblemente drogados.

Los pistoleros, presuntamente pertenecientes a la organización delictiva La Familia Michoacana, despojaron a los reporteros de sus pertenencias, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como una camioneta Patriot (propiedad de Sergio Ocampo), todo valuado en cerca de un millón de pesos.

A Hans Máximo, uno de los civiles armados lo amagó con una pistola en la cabeza, y le advirtió: “si vemos que se detienen en el retén y dicen lo que les pasó, los vamos a comer vivos. Ahí tenemos halcones vigilando”.

Aproximadamente a un kilómetro de distancia, elementos del Ejército Mexicano mantienen un retén antes de ingresar a la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

El grupo de periodistas se había trasladado el sábado por la mañana a esa zona para cubrir los acontecimientos que se suscitaron desde el viernes en el municipio de San Miguel Totolapan, donde fuerzas militares y estatales tomaron el control de la seguridad.

Alrededor de las 7:30 horas, los periodistas arribaron en dos vehículos al municipio de San Miguel Tololapan; posteriormente, al llegar al punto conocido como Palos Altos, municipio de Arcelia, dejaron los dos vehículos en el estacionamiento de un restaurante.

A partir de ese lugar se trasladaron a pie a diversos puntos ubicados en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en un tramo de unos 15 kilómetros. Cerca de las 16 horas, los siete reporteros pasaron a comer a uno de los restaurantes ubicados en la presa Vicente Guerrero, del municipio de Arcelia, y una hora después partieron rumbo a Iguala.

En el trayecto pasaron por un retén militar y luego se dirigieron con rumbo al crucero que va al municipio de Acapetlahuaya, pero alrededor de las 18 horas se toparon con un bloqueo hecho con piedras y palos, resguardado por unos 100 civiles armados, que con palabras altisonantes los obligaron a bajar de las dos camionetas, una Jeep Liberty y una Patriot.

De inmediato un grupo de jóvenes, incluido un menor de unos 13 años, empezó a despojarlos de sus pertenencias, y otro sujeto, al parecer el jefe del retén, les pidió las llaves de los vehículos.

Los comunicadores fueron llevados a un callejón, donde había unas viviendas, mientras un grupo de pistoleros sacaba de las camionetas las computadoras, cámaras y demás equipo, y otros pedían las carteras de los periodistas.

Después de unos 15 minutos, finalmente otro de los líderes de los civiles armados advirtió que uno de los vehículos se quedaría.

Ante los reclamos de los periodistas, indicó: «Si no se van, les vamos a quitar las dos camionetas y se los va a llevar la chingada». Los comunicadores optaron por retirarse en el vehículo que les dejaron.

En lo que va del año, en Guerrero se han cometido más de 700 asesinatos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, una gran parte de ellos en poblaciones de la Tierra Caliente, donde existen vastas extensiones de sembradíos de amapola y mariguana.

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