Cárceles públicas, el infierno de los presos

hace 1 mes
Cárcel pública, el infierno terrenal de los presos

El Boffas/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- En 99 de las 105 comunidades rurales de Yucatán, todas de extracción maya, casi el 70 por ciento posee sus propios infiernos: las cárceles públicas.

La versión de un sujeto que acabó en la “chirona” del ayuntamiento de Dzidzantún, al centro-oriente del Estado:

“Cuando una persona comete algún delito, la mayoría de las recibe como permanecer unos días en la cárcel municipal para que pague por sus actos y al estar alejado de sus familiares, encerrado y sin comodidades, recapacite. Después sale para no volver a caer; pero la realidad es que los presos viven un infierno”.

Y es que de un estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), elaborado a finales de 2015, sentencia: el 68 por ciento de las cárceles municipales reprueban las condiciones mínimas para su funcionamiento, es más incurren en una gran serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud de los presos, así como su seguridad física.

El presidente de la CODHEY, Enrique Goff Ailloud, informó que en 2015 se supervisaron 99 de las 105 cárceles municipales de la entidad, de las cuales el 68 por ciento –alrededor de 70- no cumple con las reglas mínimas para el arresto de personas que han cometido faltas administrativas, dejando en estado de indefensión a los detenidos.

Detalló que durante las inspecciones se encontraron celdas sin baños, luz, limpieza, ventilación, planchas de cemento para sentarse o acostarse; además hay casos más delicados donde se observaron grafitis, orificios en el piso, el techo o pared, residuos de excremento en pisos y paredes, telarañas, rejas oxidadas o rotas, sólo por mencionar algunas de las deplorables situaciones.

Cientos de los detenidos, la mayoría por alcoholismo o escandalizar en la vía pública (muchos de ellos por no tener algunos dinero para pagar sus fianzas que pueden alcanzar hasta los 300 pesos) tienen que dormir en el piso, compartiendo el espacio con otros presos, sin ventilador, con el calor predominante en Yucatán, de 38 grados Celsius promedio, y haciendo sus necesidades físicas en un inodoro que nunca se lava, a la vista de todos y sin agua potable.

Goff Ailloud declaró que una gran parte de las cárceles municipales no están diseñadas para cubrir las necesidades sanitarias de las personas arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas, pues en algunas únicamente hay agujeros en el piso a manera de letrina, en donde se acumulan los desechos de todo tipo, excremento y orín, y hasta alimentos en descomposición.

Claro que todo eso junto crea un olor asqueroso en las celdas, pero en la mayoría de los casos la pestilencia llega hasta las oficinas de las comandancias, pues como los recintos son pequeños los olores se concentran por todos lados.

En el informe, recopilado por personal de la CODHEY, se encontró que el 16 por ciento de las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en tres municipios se cuenta con agua potable. Son los casos de Mérida, Valladolid y Tizimín, aunque los dos primeros disponen también de Centros de Readaptación Social que no fueron sujetos a inspección por parte de esta dependencia.

Si bien es cierto que en la mayoría de las cárceles se presentan grandes carencias, lo municipios con peores condiciones son: Ticul, Acanceh, Chemax, Tixméhuac, Izamal, Dzán, Oxkutzcab, Sacalum, Temozón, Teya, Suma de Hidalgo, Chacsinkín y Tzucacab, en donde  al personal de la CODHEY le fue negada la posibilidad de entrevistar al personal de la comandancia.

Pero no solo en ese sentido se ven vulnerados los derechos humanos de los presos, pues son pocos los centros de reclusión en los municipios cuyos celadores cumplen con los protocolos de registros, cuidado de las pertenencias y otorgarles las llamadas telefónicas a las que por ley tienen derecho.

En el caso de los registros se constató que el 65 por ciento de las cárceles municipales –alrededor de 66 sitios- no cuenta con ninguna clase de éstos o documentación; es más, solo un 35 por ciento de ellas cuenta con algún tipo de orden al ingresar y de este porcentaje el 30 se realiza de manera incompleta.

Los registros deben llevarse en un libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, domicilio; listado y descripción de pertenencias, autoridad que lo pone a disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.

En cuanto al resguardo de pertenencias, se verificó que un 56 por ciento de los centros de detención –unos 48- lleva dicho registro, pero únicamente el 3 por ciento expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso. Mérida, Valladolid, Progreso y  Motul son un ejemplo de los municipios que sí entregan recibos en sus cárceles municipales.

También se detectó que las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo son escasas en las comandancias ya que, usualmente, las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros que no tienen un responsable.

Por ley, todo detenido tiene derecho a visitas y llamadas telefónicas y el total de las comandancias se investigó que

ambos derechos se cumplen, aunque sólo un 9 por ciento de éstas señalaron llevar un registro de ambas actividades.
En el 80 por ciento de las cárceles se les permite realizar la llamada telefónica; sin embargo, en un  53 por ciento de éstas se realizan desde teléfonos celulares de los oficiales de policía o de los propios detenidos.

Tres fallecidos en 2017

A pesar de este reporte y una recomendación de la CODHEY hecha a los 106 municipios del Estado en 2014, en donde se expuso la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales y se remarcó que todas las personas que estén detenidas o bajo custodia son responsabilidad de las autoridades para garantizarles su integridad física y la vida, a principios de 2017 se reportaron tres muertes en estos centros temporales de reclusión.

En enero, “Francisco C. C.”, de 49 años, fue sometido por elementos de la Policía Municipal de Tizimín –al oriente de la entidad- y trasladado a la cárcel pública, ya que se encontraba durmiendo, en estado de ebriedad, en una calle de la colonia Fernando Novelo.

Al otro día, por la mañana, “Francisco” estaba muerto. Los familiares de la víctima se mostraron sorprendidos ante la noticia, pues aseguraron aquél no estaba enfermo. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que la causa de la muerte fue infarto cardiaco.

Otros dos casos se registraron en las cárceles públicas de Umán y de Dzidzantún. El  primero sucedió en una cárcel de Umán, cuando “Carlos Arturo U. T.”, de 27 años de edad, se ahorcó con el elástico de su short.

El segundo fue de “José Gabino C. N.”, de 28 años, quien presuntamente se suicidó en la cárcel municipal de Dzidzantún. Fue encontrado desnudo y colgado en los barrotes con un cordón de zapatos de los que usan los policías municipales. Su familia asegura que el hecho es extraño y que alguien lo incitó al suicidio.

Fin…

Fotos de cortesía: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)

Chabelo, dictador
Chabelo, dictador

Respiran un mar… ¡de basura!
Respiran un mar… ¡de basura!

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