Redacción/De Peso
CHETUMAl, Q. Roo.- La primera audiencia de formulación de imputación por desempeño irregular de la función pública en contra de Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa (empresa de transporte aéreo), como coacusado, se extendió cerca de ocho horas y al cabo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para la aportación de más pruebas a favor de su cliente.
De esta manera, la defensa encabezada por Esaú Alvarado Vázquez contará con 144 horas (seis días) para presentarse nuevamente con su cliente a una nueva audiencia en la que se definirá la situación jurídica del funcionario del gobierno de Roberto Borge Angulo.
La audiencia que presidió la jueza Silvia Verónica Solís inició a la 1:00 de la tarde de ayer, pero a la 1:45 se dictó un receso a petición de la defensa, la cual solicitó tiempo para la revisión del expediente, integrado por 35 tomos y 21 mil 500 fojas.
Fue a las 5:30 cuando inició la última parte de la audiencia, y luego de tres horas la jueza determinó autorizar la ampliación del término constitucional.
Mientras se realiza una nueva audiencia, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez permanecerá en el Centro de Reinserción Social (Cereso), aunque se supo que estará en un área administrativa en espera de la determinación del Juzgado Oral Penal.
Acosta Gutiérrez fue detenido la tarde del martes en esta ciudad en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez de Control en Materia Penal de Chetumal.
La petición fue de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, donde es coacusado.
Según una denuncia interpuesta en su momento por la Secretaría de la Gestión Pública, el ex director de VIP Saesa habría autorizado el pago irregular de viáticos a pilotos de aviones que fueron rentados con servicio completo, lo cual habría causado un daño patrimonial al estado por alrededor de 10 millones de pesos.
Durante la mañana, Miguel Angel Pech Cen, titular de la FGE, reconoció que el delito por el que se le sigue un procedimiento al señalado no se encuentra dentro del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero a pesar de ello se buscará dicha medida cautelar.
