Redacción/De Peso
CHETUMAL, Q. Roo.- Las cifras de secuestros en el estado se dispararon durante los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo periodo de 2016, cuando se denunció apenas un caso contra cinco registrados este 2017.
Tan solo en el sur del estado, en recientes fechas se han reportado al menos dos casos de privación ilegal de la libertad, que se suman a otro en marzo, según los datos oficiales de incidencia delictiva.
De los cinco secuestros reportados formalmente entre enero y mayo de este año, cuatro se registraron en el municipio Benito Juárez y uno en Othón P. Blanco.
Entre los casos de julio está el de la empresaria Itzel Hoil, de la Alcaldía de Nicolás Bravo, quien el miércoles 12 de julio fue presuntamente privada de su libertad a manos de hombres armados cuando estaba en su tienda ubicada en esa localidad. A una semana de los hechos, las autoridades policiacas no han resuelto el caso.
El más reciente se registró en esta ciudad, donde la maestra Magaly Alpuche fue privada de su libertad cuando hacía ejercicio en el Bulevar Bahía; afortunadamente, fue rescatada la noche del martes en un domicilio de la colonia Del Bosque.
Sobre ese hecho, Miguel Angel Pech Cen, titular de la Fiscalía General del Estado, en entrevista radiofónica dijo que la instancia trabaja para determinar la estrategia a seguir para solicitar la vinculación a proceso de la persona detenida.
“Estamos en la precisión exacta de la forma en que fue realizado el hecho delictivo, y finalmente dónde están las otras personas, para poder vincular a proceso al sujeto detenido”, detalló el funcionario.
De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal del Estado de Quintana Roo el delito de secuestro se castiga con prisión de 10 a 25 años y de mil 500 a dos mil días de multa, mientras que con agravantes la pena sube de 25 a 50 años de prisión.
Para catalogar un delito como secuestro es necesario acreditar que el propósito sea obtener un rescate o cualquier otro beneficio; que la autoridad, un familiar o un particular realice o deje de realizar un acto de cualquier índole, o causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él.
